Manejos de los recursos acuíferos en Puerto Rico y el mundo:

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Vínculo permanente Respuesta de OFICINA VIRTUAL APEV el julio 26, 2009 a las 12:33pm

Comunidades denuncian contaminación de acuífero

Jueves, 11 de Junio de 2009 17:54 Rosiris A. Ramos Meléndez

El Comité Pro Defensa Valle de Lajas y Acuífero del Sur en conjunto con el Comité de Residentes de la Carretera 303-305 de Lajas denunciaron la contaminación de las aguas del acuífero del que se sirven por la construcción de proyectos por parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Se trata de la construcción de tanques de almacenamiento y bombeo de aguas usadas en Lajas y Sabana Grande sobre el acuífero que se ubica en los límites de la Reserva agrícola de Lajas y que va en detrimento de la ley 277 de 1999 que protege dicha zona. Ahora, la cubierta natural que protegía el sistema de agua subterráneo fue quebrado con la construcción, lo que "hace inminentemente la contaminación de dicho cuerpo", según el parte de prensa de la comunidad. Ambas construcciones se encuentran sobre la reserva y podría afectar a otros pueblos como Yauco, Guánica y Cabo Rojo.



De acuerdo con expresiones de portavoces de las comunidades afectadas, el levantamiento de las infraestructuras se realizan sin las investigaciones o estudios geológicos e hidrológicos necesarios, sin vistas públicas y demás protocolo. "No nos oponemos al proyecto porque hace falta pero debe ser reubicado", dijo Pedro Torré, presidente del Comité Pro Reserva Agrícola y Acuífero del sur del barrio Susúa de Sabana Grande.




Por otro lado, la población corre riesgo de enfermedades porque los terrenos aledaños al proyecto son agrícolas en los que se cosechan piñas, melones, calabazas, pimientos, ajíes dulce y berenjenas, entre muchos otros. Esto más tarde, terminará por deteriorar el potencial agrícola de la zona. Aledaño a los proyecto se encuentran también las fincas de la Sub Estación Experimenta Agrícola (Lajas) adscrita al Colegio de Mayagüez, en la que se siembra arroz y se exporta a diferentes países del mundo incluyendo Estados Unidos, a la Reserva Federal de la Laguna Cartagena, recién abierta al público para su disfrute.



Luego de una querella presentada por los residentes de Lajas el Departamento de Agricultura, recomendó una investigación sobre la situación. Por ello, se han revocado los endosos otorgados a la A.A.A. para la construcción de lo que los vecinos del área llaman "Mega Pozos" de Lajas, al igual que lo hiciera el alcalde de Lajas Leo Cotte en su municipio.




El llamado de los perjudicados es a que todos los alcaldes del área, legisladores y agencias pertinentes "tomen acción y busquen alternativas responsables y viables para los proyectos de infraestructura que sean necesarios para el desarrollo de nuestros pueblos", dijo Torré.




Finalmente, dicen estar concientes de las necesidades de desarrollo que existen en el país, pero que esa necesidad no otorga el permiso de crear una situación de crisis publica y solicitan el cese de los proyectos hasta tanto no se reubiquen en lugares que no dañen a la comunidad, la agricultura y el ambiente.

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Vínculo permanente Respuesta de OFICINA VIRTUAL APEV el septiembre 13, 2009 a las 3:59pm

Alcalde de Luquillo pide eliminar reserva natural del CEN
Advirtió que pedirá una compensación económica al gobierno si se detiene desarrollo de megahotel

Por MANUEL ERNESTO RIVERA (AP) / Endi.com / viernes, 11 de septiembre de 2009

SAN JUAN — El alcalde de Luquillo, José González Ortiz, advirtió hoy que le reclamará compensaciones económicas al gobierno de Luis Fortuño si no se permite el desarrollo del megahotel San Miguel Four Seasons, que impactaría adversamente la reserva natural del Corredor Ecológico del Noreste (CEN).
El ejecutivo municipal rechazó el viernes un proyecto de ley que busca que se declare el CEN como reserva natural, a pesar de que las 3,240 cuerdas de terreno ya fueron designadas de esa manera por la Junta de Planificación (JP).
“Como alcalde, no voy a permitir que nadie absolutamente nadie trate de paralizar el desarrollo económico de mi pueblo venga de donde venga. De permanecer esta orden ejecutiva del Corredor Ecológico del Noreste, voy a exigir compensaciones económicas al gobierno central para que se le haga justicia económica a mi pueblo por las entradas que debemos de recibir”, afirmó el primer ejecutivo municipal en un comunicado.
Se refirió a una orden ejecutiva del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá que declaró la zona como una reserva natural, determinación que fue ratificada por la JP en abril del 2008.
Camilla Feibelman, una de las portavoces de grupos de apoyo al CEN, indicó que no es necesario que se apruebe el proyecto que presentaron en mayo los representantes populares Jorge Colberg Toro y Héctor Ferrer porque ya el área que comprende el litoral costero de los municipios de Luquillo y Fajardo es una reserva natural.
“El CEN fue declarado formalmente por la Junta de Planificación como una reserva natural en abril de 2008... El plan integral de uso y manejo de la reserva está hecho y listo con un informe positivo de la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y lo único que tienen que hacer los miembros de la Junta es aprobar el plan, pero no lo han hecho”, dijo la líder ambiental, también portavoz de la organización Sierra Club de Puerto Rico.
El alcalde González Ortiz reclamó a Fortuño que revierta la reserva y que dé paso al plan de desarrollo turístico que él impulsó cuando dirigió la Compañía de Turismo bajo el mandato de Pedro Rosselló.
“Hace varios años atrás, cuando el gobernador Luis Fortuño dirigía la Compañía de Turismo, se elaboró un plan conceptual de desarrollo turístico de la costa noreste mediante áreas para desarrollo, pero clasificado para que el resto pueda protegerse y sean áreas verdes”, indicó.
“Los proyectos originales que se contemplaban realizar como el San Miguel Four Seasons, según los estudios económicos de la declaración de impacto ambiental, hubiera producido 1,700 empleos directos e indirectos en su fase de construcción y 1,800 empleos en la operación del mismo. Esto equivale a más de 60 millones de dólares que sumados a los arbitrios de construcción y patentes hubieran producido aproximadamente 100 millones que serían insertados en nuestra economía local”, dijo González Ortiz.
Empero, Feibelman le recordó que el referido complejo hotelero nunca consiguió los permisos de ninguna agencia reguladora para poder construirse, entre otras razones, porque sería edificado en terrenos inundables en una zona costera.
“Nunca logró ni un solo permiso, tenía su Declaración de Impacto Ambiental negada tres veces, nunca logró la consulta de ubicación y que se hubiese cambiado la clasificación del área. Querían construir en áreas inundables. Reserva natural o no, San Miguel está sin permiso de construcción”, destacó Feibelman.
El CEN lo componen 3,240 cuerdas, que incluyen las fincas San Miguel I y II, Las Paulinas, El Convento Norte y Sur, y Seven Seas. Dicha zona comprende el litoral costero de los municipios de Luquillo y Fajardo.
La Reserva Natural del CEN fue designada oficialmente el pasado 24 de abril de 2008, mediante la aprobación de una Resolución de la JP.

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Vínculo permanente Respuesta de OFICINA VIRTUAL APEV el octubre 21, 2010 a las 8:13pm

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From: U.S. EPA [mailto:usaepa@govdelivery.com]
Sent: Tuesday, October 19, 2010 2:35 PM
To: Muratti, Jose
Subject: Superfund and Brownfields News Release (Region 2): EPA Proposes to Add Two Puerto Rico Sites to the Superfund List

EPA Proposes to Add Two Puerto Rico Sites to the Superfund List

Contact: Elias Rodriguez, 212-637-3664, rodriguez.elias@epa.gov or Brenda Reyes, reyes.brenda@epa.gov, 787-977-5869

(New York, N.Y. – Oct. 19, 2010) The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) today proposed to add both the Cabo Rojo Ground Water Contamination Site in the municipality of Cabo Rojo, Puerto Rico and the Hormigas Ground Water Plume Site in the municipality of Caguas to its Superfund National Priorities List of the country’s most hazardous waste sites. Sampling at the sites has found chemical contamination that is impacting wells once used to supply drinking water to the local communities. Exposure to these contaminants can have serious health impacts, damage the liver and increase the risk of cancer.

“EPA takes the contamination of people’s drinking water very seriously,” said Judith Enck, EPA Regional Administrator. “By placing these sites on the Superfund list, EPA can do the extensive sampling needed to find the best ways to address the contamination and protect people’s health.”

Cabo Rojo Ground Water Contamination

The Cabo Rojo Urbano public water system has six drinking water wells that serve approximately 48,500 people. Ground water samples collected by the Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority (PRASA) from 2002 to 2006 found tetrachloroethylene (PCE) and trichloroethylene (TCE), solvents commonly used in industrial processes, in the Ana Maria well, part of the Cabo Rojo Urbano system.

Ground water samples collected by EPA in 2006 and 2009 confirmed the presence of PCE and TCE in the well. In an effort to identify the source of contamination, EPA conducted investigations at 68 facilities and collected soil and ground water samples from 13 facilities. EPA’s investigation has not yet identified the source of ground water contamination in the public supply wells and further investigations will be conducted.

The contamination detected in the Cabo Rojo wells that are still in operation is below levels of concern.

Hormigas Ground Water Contamination

The former Hormigas public water system has two wells - the Eufracia and Hormigas - and served a population of over 5,000 people until it was taken out of service. In 2006, PRASA detected PCE in the Eufracia well above the level considered acceptable under federal drinking water standards. In response, PRASA closed the Hormigas water system and discontinued use of both wells in 2009.

EPA collected more samples from the Eufracia well in 2009, and the results confirmed the presence of PCE. TCE and cis-1,2-dichloroethylene (cis-1,2-DCE), additional chemical contaminants, were also detected in the Eufracia well. EPA plans to conduct further investigations to identify the source of contamination in the wells.

After receiving a letter from the Puerto Rico government supporting the inclusion of the Cabo Rojo and Hormigas sites on the Superfund, EPA has determined that a listing offers the best course of action to protect human health and clean up the contamination. EPA periodically proposes sites to the Superfund list and, after responding to public comments, designates them as final Superfund sites. The Superfund final designation makes them eligible for funds to conduct long-term cleanups.

For Federal Register notices and supporting documents for these final and proposed sites, on the day of publication visit: http://www.epa.gov/superfund/sites/npl/current.htm

With the proposal of this site to the NPL, a 60-day comment period will begin during which EPA solicits public input regarding this action. For instructions to submit comments, go to: http://www.epa.gov/superfund/sites/npl/pubcom.htm

Comments can be submitted, identified by Docket number by one of the following methods:

Docket number (EPA-HQ-SFUND-2010-0638) for the Cabo Rojo Site,

Docket number (EPA-HQ-SFUND-2010-0636) for the Hormigas Site,

http://www.regulations.gov: Follow the online instructions for submitting comments.

Email: superfund.docket@epa.gov

Mail: Mail comments (no facsimiles or tapes) to Docket Coordinator, Headquarters; U.S. Environmental Protection Agency; CERCLA Docket Office; (Mail Code 5305T); 1200 Pennsylvania Avenue, NW; Washington, DC 20460

Hand Delivery or Express Mail: Send comments (no facsimiles or tapes) to Docket Coordinator, Headquarters; U.S. Environmental Protection Agency; CERCLA Docket Office; 1301 Constitution Avenue, NW; EPA West, Room 3334, Washington, DC 20004. Such deliveries are only accepted during the Docket’s normal hours of operation (8:30 a.m. to 4:30 p.m., Monday through Friday, excluding Federal holidays).

For more information on the NPL Site listing process, visit: http://www.epa.gov/superfund/sites/npl/npl_hrs.htm
or contact Ildefonso Acosta, Region 2 NPL Coordinator, at 212-637-4344, acosta.ildefonso@epa.gov

# # # 10-108
Note: If a link above doesn't work, please copy and paste the URL into a browser.
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You can view or update your subscriptions or e-mail address at any time on your Subscriber Preferences Page. All you will need is your e-mail address. If you have any questions or problems e-mail support@govdelivery.com for assistance.

This service is provided to you at no charge by U.S. Environmental Protection Agency.
Sent by the U.S. Environmental Protection Agency · 1200 Pennsylvania Avenue NW · Washington DC 20460 · 202-564-4355

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Vínculo permanente Respuesta de OFICINA VIRTUAL APEV el febrero 14, 2011 a las 1:58pm

AUDIENCIA DEL EPA SOBRE EL PERMISO DE AIRE LIMPIO

Y LA INCINERADOR PROPUESTA EN ARECIBO

MANANA: Martes 15 de febrero, de 5pm - 8pm

Universida Interamericana - Arecibo (Carr. #2, Km. 80.1, Frente a Plaza del Atlántico)

 

COMUNICADO:
Sierra Club pide a la EPA que no firme el Permiso de Calidad de Aire del Incinerador de Arecibo

Permiso permitiría la quema en Arecibo de 2,100 toneladas diarias de desperdicios sólidos

 

San Juan, PR – Hoy el  Sierra Club, le pidió a la oficina de la EPA en Puerto Rico, que no firme el Permiso de Prevención de Deterioro Significativo de Calidad de Aire, que permitiría la instalación de un incinerador de la compañía Energy Answers en Arecibo para la quema de 2,100 toneladas diarias de basura.

 

“El incinerador, es contrario a los esfuerzos que desde el año pasado hemos venido realizando con la EPA, el Gobierno de Puerto Rico y otros grupos multi-sectoriales, con el Puerto Rico Recycling Partnership, (“PRRP”) para resolver el manejo sustentable de la basura. La incineración no es una solución sustentable. No se puede continuar la práctica de extraer materia prima indiscriminadamente para finalmente enterrarla o quemarla; ambas prácticas son malas. La industria, el comercio, el Gobierno y la ciudadanía debe promover la Reducción, el Re-uso, el Reciclaje, la Composta y el Rechazo de los materiales peligrosos en la fabricación”, manifestó Orlando L. Negrón, Presidente del Sierra Club, Capítulo de Puerto Rico.

 

Varios científicos del campo explicaron que el incinerador no desaparece la basura, como quieren hacer pensar los proponentes del proyecto. Todo el material que procesa el incinerador se convertiría en humo que sale por una chimenea de más de 300 pies de alto, además de las aproximadamente 600 toneladas de cenizas tóxicas que produciría diariamente. La concentración de contaminantes contenidos en las emisiones, entre ellos, las dioxinas y furanos, son considerados como los productos químicos más tóxicos que el hombre ha sido capaz de sintetizar. “En el caso de las dioxinas, según informes de la misma EPA, producen: (1) cáncer en el ser humano; (2) dosis inferiores a las asociadas con cáncer ocasionan alteraciones en los sistemas inmunológico, reproductor y endocrino; (3) los fetos y embriones de peces, aves, mamíferos y seres humanos son muy sensibles a sus efectos tóxicos, y (4) por último, no existe un nivel seguro de exposición a las dioxinas. Quizás, por estas razones, en los Estados Unidos no se ha instalado un nuevo incinerador, o cualesquiera de sus variantes, desde el 1995,” afirmó el Dr. Osvaldo Rosario, Catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con un doctorado en química ambiental.

 

“En Puerto Rico, las tasas de mortalidad a causa del asma, es 2.5 veces mayor que en los Estados Unidos. La población más afectada es, en su mayoría, niños y ancianos, además de la población que por los altos costos de los medicamentos, no tiene acceso a ellos. El exponer la población a los contaminantes por el humo y las cenizas de un incinerador sería contrario a las políticas de mitigación que trata de implantar el Departamento de Salud para el manejo de la crisis del asma en Puerto Rico,” añadió el Dr. Angel González.

 

Pero los intentos de instalar incineradores en Puerto Rico, no son nuevos. Al principio de la década del 1990, las comunidades de Guaynabo llevaron acabo una lucha similar en contra de una propuesta de instalar un incinerador para quemar prácticamente toda la basura del área metropolitana. “Anticipando los serios daños ambientales de un incinerador en Guaynabo, el Pueblo se unió y logró detener el incinerador. Como consecuencia, el Gobierno Municipal de Guaynabo se embarcó en un abarcador programa de reciclaje, logrando convertirse en el municipio con la más alta tasa de reciclaje de Puerto Rico, premiado por agencias federales y locales. Los Arecibeños deben mantenerse firme con una sola voz.” dijo Ángel Sosa, pasado Presidente del Sierra Club

 

Durante las últimas semanas los proponentes del proyecto, Energy Answers han tratado de comparar las ventajas de “La incineración vs. Los vertederos”. Este análisis, según los expertos, está a destiempo. “La incineración fue una alternativa a los vertederos en el siglo pasado, como lo fueron los vertederos a la disposición sin control, de la mal llamada basura a principios de siglo XX. La solución del siglo XXI es Basura Cero,” dijo José Luis Alsina, Director de Comité de Conservación de Sierra Club y miembro del comité de la EPA del Puerto Rico Recycling Partnership.

 

“Basura Cero es un sistema para el manejo sustentable de los recursos o residuos sólidos. El mismo persigue desviar gradualmente los desperdicios del vertedero, mediante la separación en el origen. Nada se entierra, nada se quema,” puntualizó Alsina. Además, recomendó al Gobernador que haga una ley que obligue la composta para procesar todo el material orgánico e implante el sistema de depósito por botellas de plásticos “bottle bill”. Con sólo estas dos medidas, podría adjudicarse el logro de aumentar la tasa de reciclaje de un 10% a un 50 %, antes que finalice el cuatrienio.

 

Javier Biaggi del Frente Amplio en Contra de la Incineración, advirtió “que los beneficios económicos que reclama el inversionista del proyecto de incineración, Energy Answers, no se han materializados en ninguno de los lugares en que han construido estas plantas. Un dato importante que el Gobernador debería considerar es que por cada empleo que genera una planta de incineración, los sistemas de Basura Cero en el mundo, han añadido entre 4 y 11 empleos nuevos por tonelada reciclada.”

 

Por último, recalcó Orlando L. Negrón, que “las fuertes advertencias de la comunidad médica y científica junto con la eliminación de proyectos de reciclaje futuros, son razones suficientes para denegar la instalación de cualquier planta de incineración en Puerto Rico. Nuestra visión es que el pueblo rechace la incineración como política pública y se establezca en Puerto Rico una “Zona Total de Basura Cero”

 

Como parte de su campaña de Basura Cero, el Sierra Club sigue ofreciendo charlas en las comunidades de Arecibo en apoyo al grupo comunitario “las Madres de Negro en contra del incinerador de Arecibo.” Además, participará de la audiencia pública, sobre el incinerador, que organiza la EPA para mañana, el martes 15 de febrero de 2011, en el Recinto de Arecibo de la Universidad Inter Americana de 5:00 a 8:00 PM.

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