Por Carmen Enid Acevedo
El pasado 17 de febrero, el gobernador Luis Fortuño, firmó la Ley Cinco que dispone “que todas las agencias gubernamentales cuenten con una persona enlace para grupos comunitarios y basados en la fe para promover el desarrollo de programas de servicios a personas sin hogar, con problemas de salud mental, de adicción a sustancias controladas, o personas que hayan sufrido maltrato, entre otras”.
La ley en cuestión surge del PC 1091, un proyecto presentado el 10 de febrero del 2009 por el representante y entonces portavoz de la mayoría en ese Cuerpo, Rolando Crespo Arroyo, quien hoy está en la mirilla pública por haber arrojado un positivo a drogas. Su defensa de “no soy un usuario” siembra el record legislativo como una ironía en su vida pública que lo posicionó en defensa de los programas para combatir la adicción.
Hoy, en el contexto de la resolución de su caso, la presidenta de la Comisión de Ética de la Cámara Liza Fernández, no sabe si tratar a Crespo Arroyo como a un empleado gubernamental que cuando arroja positivo a drogas por primer vez, se le ofrece la oportunidad de someterse a un proceso de rehabilitación. La razón: “no hay un protocolo para funcionarios electos”.
Pero la historia de Crespo puede ser diferente si se clarifica algún día por qué se le practicó una segunda prueba de dopaje cuando la primera, advino con problemas sin que la oficialidad los haya identificado. La gente en la calle y las fuentes de información de medios de comunicación insisten en que la primera, fue un positivo. Si lo fue, sería la segunda ocasión y el protocolo con empleados del gobierno es que se quedan fuera de sus labores públicas.
RUTA DE UN POSITIVO A COCA
Entre el 26 y el 29 de enero de este año, Crespo Arroyo negó a viva voz que consumiera drogas, luego de que una prueba que se le practicó el 10 de ese mes, primer día de sesión, tuviera que repetirse por razones aún desconocidas.
También se repitió la de otros seis representantes, cinco penepés y un Popular, Héctor Ferrer, sin que la presidenta de la Cámara, González, haya dicho el por qué en el caso de Crespo. De esa prueba, que no se ha especificado si fue de orina, el galeno José Tavarez Valle, le repitió una segunda, esta vez de cabello.
Crespo Arroyo insistió en su inocencia y le presentó a la prensa del país resultados negativos de una prueba, según él, de orina y de cabello que se practicó en otro laboratorio, para detectar la presencia de unas diez sustancias controladas.
Desde el pasado viernes 25 de febrero, la evidencia de duda que ronda el ambiente sobre cuál será el resultado político legislativo para Crespo Arroyo, tras arrojar positivo a cocaína en una prueba de cabello, son sus propias palabras y a las que hoy se suman, las de la presidenta de la Comisión de Ética, Fernández.
La Representante aludió al “reto” que tienen sus colegas legisladores en evaluar un caso que según ella, es nobel, toda vez que no hay nada en la jurisprudencia que diga cómo tratar a un Legislador que falle, por primera vez, una prueba de dopaje. El problema de ese argumento es que ¿dónde queda el resultado de la primera prueba, que fue el disparador de todo este evento?
Las contestaciones de la Presidenta de la Cámara, González, a esa pregunta, han sido arrojar lodo contra el representante, Popular, Luis Raúl Torres, quien ha insistido en ese asunto, llamándolo “agresor” luego de que saliera a relucir un caso de violencia doméstica contra su ex esposa en el pasado.
La presidenta cameral parece atacar al mensajero pero no contesta la pregunta. La duda está sembrada desde el inicio y el positivo de una segunda prueba, parecen confirmarlo.
Otro elemento que deberá considerar la Comisión de Ética es el hecho de que Crespo Arroyo negó reiteradamente que fuera usuario de drogas e incluso amenazó con demandar a los que según él lo habían difamado. La admisión y el positivo de hoy es la confirmación de que antes mintió. ¿Era suyo el pelo y la orina del resultado negativo que presentó a la prensa y al país?
Ojo, la prueba de cabello que se le practicó al Representante por un laboratorio contratado por la Cámara, es una de las más exactas y puede detectar la presencia de la droga hasta unos 90 días más tarde de haberse consumido, según la literatura experta, tanto de Estados Unidos como de Europa.
“Además de averiguar si un individuo está o no consumiendo drogas, este test permite distinguir los distintos perfiles de consumidores (esporádico, asiduo, crónico o no consumidor), ya que detecta el tiempo de permanencia de la droga durante meses o años, frente a las horas de las muestras de sangre o los tres días de la orina. En los casos de consumo de cocaína, el análisis del cabello ofrece una fiabilidad diagnóstica del cien por cien frente a la información obtenida en las entrevistas personales. Además, permite evaluar, por ejemplo en el caso de mujeres embarazadas, el riesgo de que esta droga se incorpore al feto”, publicó Europa Press sobre un estudio realizado por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, en España en el 2008.
Hoy, la defensa leguleya del Legislador es que “por no ser un usuario de drogas entendía que las pruebas deberían salir negativas, pero fallé”. Esa defensa, lo ubica arguyendo ante la Comisión que “una persona que haya tenido un incidente en su vida, y haya demostrado rehabilitación, y se haya superado, claro que hay que darle las oportunidades, por Dios”. Así reaccionó cuando habló de que dos de sus empleados han tenido alguna experiencia con la droga.
He aquí un resumen del record público y de las preguntas que surgen y que tendrán que ser contestadas. No se trata de negarle la oportunidad a someterse a un proceso de rehabilitación. Se trata de que el proceso hacia evaluar su caso, si fue uno o dos los positivos, se den sobre la base de la verdad y no con visos de chanchullo, ni para Crespo Arroyo ni para ningún empleado público que en su dia se vea en esta posición. El país espera que haya una sola vara.
Sólo la renuncia le evitará a Crespo Arroyo y a su Partido Nuevo Progresista (PNP), un escándalo de mayores proporciones.
