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RECOMENDADOS POR APEV:

Representante Autorizado: 

Ricardo R. Ramírez 

 Tel. 787-536-0083

Comentarios oficiales de la Asociación Puertorriqueña de Energía Verde (APEV), al Plan de Climatización de Puerto Rico.

Comentarios oficiales de la
Asociación Puertorriqueña de Energía Verde (APEV),
al Plan de Climatización de Puerto Rico (10 CFR Part 440, 10 CFR Part 600, DOE ARRA WAP), propuesto al Departamento de Energía Federal (DOE) por la Administración de asuntos de Energía del territorio de Puerto Rico (AAEPR).


Mi nombre es Allan Rivera, vecino de Toa Baja, Puerto Rico. Soy dueño de una propiedad residencial, padre y esposo. Activo en nuestra comunidad puertorriqueña en causas comunitarias como es la asistencia educativa y técnica entre más de 5,000 pacientes de esclerosis múltiple en el país, clubes de ciencia comunitaria en colegios y escuelas así como promotor cultural retirado.

Desde el 2006 presido la Asociación Puertorriqueña de Energía Verde, corporación sin fines de lucro para la educación al abonado residencial y comercial, en los aspectos legales, técnicos y científicos de la producción de energía en Puerto Rico, establecimiento de investigación y desarrollo de proyectos pilotos en energía, acuíferos y agricultura sustentable.

Hasta este momento, APEV es la única institución comunitaria en Puerto Rico entrenada por POINT CARBON, con: educación, métrica y estructura para manejo de créditos de carbono basados en los mercados mundiales y proyectos en sustentabilidad avalados por las Naciones Unidas a través del tratado de Kyoto para la reducción de Gases de Invernadero.

Como miembro de la Junta de Gobierno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito (APEVCOOP), estamos estableciendo productos de ahorro que incentivan la eficiencia y préstamos con auditorías verdes.

Comentarios:

Nuestros comentarios van en la dirección de que el propuesto plan de climatización para el territorio de Puerto Rico, sea útil y beneficioso para el abonado residencial de escasos recursos que es asociado de APEV. Es nuestra visión la de un eficiente programa de climatización en Puerto Rico y señalar la necesidad de aplicar las mejores prácticas para el clima del caribe para reducir el consumo eléctrico generado con combustibles fósiles.

Presentamos los siguientes comentarios y señalamientos sobre el borrador estatal que propone la AAE:

1. Es necesario la participación en el grupo administrativo regulador que fiscalizará y auditará el manejo de estos fondos de cooperativas y corporaciones sin fines de lucro. Sometemos la disponibilidad de APEV para representar al socio/dueño de nuestra corporación sin fines de lucro. Al día de hoy, más de 200 miembros de APEV son prospectos a utilizar el programa para su provecho y serán sometidos a educación sobre “mejores prácticas” que recomendamos al contratar auditorías energéticas así como marco legal a que tiene derecho el consumidor.

El programa de climatización federal (WAP) desde 1976 es dirigido hacia el abonado residencial con ingresos limitados. Tiene a corporaciones sin fines de lucro de base comunitaria como proveedores de educación y servicios así como maximiza los incentivos económicos cooperativistas entre socios/dueños.

2. Queremos señalar que los fondos de climatización son exclusivamente para la aplicación del plan de climatización en las residencias cualificadas. Los mismos no son para adiestrar, entrenar, educar o contratar algún tipo de asesor o comprar equipos que use algún contratista.

Pedimos que sea subrayado y puesto en letras negras bold de acuerdo al estándar permitido en la ley (U.S. Department of Justice (Americans with Disabilities Act (ADA). Es nuestro deseo fiscalizar que este fondo llegue a las residencias de ciudadanos con incapacidades como Esclerósis Múltiple, Asma y encamados que sean subsidiados por la AEE.

Existe en Puerto Rico la suficiente educación continuada por parte de los grupos profesionales como: Colegio de Ingenieros de Puerto Rico, Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico, US Green Building Council- Capitulo de PR, ACONER, Colegio de Artes Mecánicas de Mayagüez así como Instituciones de educación Superior vocacionales y técnicas.

3. Consideramos necesario que se incluya en este borrador cuales serán las acreditaciones obligatorias a cumplir por los profesionales para operar auditorías, instalación y aplicación de productos para Puerto Rico. La Administración de Energía deberá expresar en este programa una política de apertura y colaboración con APEV, corporaciones sin fines de lucro y cooperativas para auditar los resultados en tonelaje inhibido en carbono entre otros datos generados por el programa. La AEE informó para el 2007 alrededor de 78 millones de dólares que el consumidor ahorró con eficiencia en iluminación, solar termal y programa Energy Star.

El gobierno de Puerto Rico recibirá otras partidas como parte del Programa de Energía Estatal (DOE) ascendentes a unos 37 millones de dólares, con los cuales llevar educación necesaria para este u otros programas incluyendo los que proponga APEV. Requerimos explicaciones adicionales sobre el plan en gastos administrativos del programa de climatización.

4. El plan de climatización propuesto no ofrece específicamente la constitución del comité de política pública a formarse ni compromete la participación de corporaciones sin fines de lucro o cooperativas de trabajadores para las diversas fases del programa de climatización. Recomendamos un rol del Departamento de Asuntos del Consumidor de Puerto Rico en la fiscalización del programa de climatización propuesto.

Ofrecemos nuestros comentarios con la intención de que sean acogidos en su totalidad como parte del programa que el DOE finalmente apruebe al territorio de Puerto Rico. Copia de este documento está siendo suministrado por APEV al DOE y a EPA respectivamente.


The official comments
Puerto Rican Green Energy Association (APEV)
Weatherization Efficiency Program of Puerto Rico (10 CFR Part 440 10 CFR Part 600, DOE WAP ARRA) proposed to the Federal Department of Energy (DOE) from the Administration of Energy Affairs of the territory of Puerto Rico (AAEPR).



My name is Allan Rivera, a resident of Toa Baja, Puerto Rico. Owner of a residential property, father and husband. Active in our Puerto Rican community in community causes such as the educational and technical assistance for more than 5000 MS patients in the country, science clubs in schools and community schools as well as retired cultural promoter.

Since 2006, chairman of the Puerto Rican Green Energy Association, a non-profit corporation for education to residential and business subscribers, in the legal, technical and scientific aspects of energy production in Puerto Rico: establishment of research and development of pilot energy projects, water and waste management as sustainable agriculture.

APEV is the only institution in Puerto Rico trained by Point Carbon, with education, metrics and management structure for carbon credits based on world markets schemes and sustainability projects backed by the United Nations through the Kyoto treaty for reducing greenhouse gases.

As a member of the Governing Board of the Savings and Credit Cooperative (APEVCOOP), we are promoting savings and loan products, efficiency audits and green loans.

Comments:

Our comments are on the Weatherization plan proposed for the territory of Puerto Rico. The WAP is useful and beneficial for the low income residential owner/renter, some are associates to APEV. We bring our vision of an efficient weatherization program in Puerto Rico and strongly support the need to implement best practices to the climate of the Caribbean to reduce electricity consumption generated from fossil fuels.

We present the following comments and observations on the proposed Puerto Rico's WEP draft:

1. It is necessary that the program management be monitor regularly and audit the management of these funds, with the participation of cooperatives and nonprofit corporations. APEV is available to represent the partner /owner of our nonprofit corporation and cooperative. More than 200 members of APEV prospects are expecting to use the program to their advantage and will undergo education on: "best practices" that APEV recommend before hiring an energy auditor and the legal framework to the consumer.

The federal weatherization program (WAP) since 1976 is directed to the residential subscriber with limited income. It is based on non-profit corporations and community-based education providers and services and maximizes the financial incentives between cooperative partners/owners.

2. We understand that the funds are for the implementation of the WAP in residential structures. They are not to train, educate or hire any consultant or buy equipment that uses a contractor.

We submit a petition for do an underlined in these matters and put in bold black letters according to the standard allowed by law (U.S. Department of Justice/Americans with Disabilities Act (ADA)), all terms to contractors and subservices. It is our desire to help auditing the funds so that most benefits go to the homes of people with disabilities such as Multiple Sclerosis, Asthma and lodging that are subsidized by the Puerto Rico Energy Public Authority (PREPA).

In Puerto Rico there is sufficient educational forums for professional groups such as: Bar of Engineers of Puerto Rico, Bar of Electrical Surveyors of Puerto Rico, U.S. Green Building Council-Chapter of PR, ACONER-PR, College of Arts and Mechanics- Mayaguez and Higher education institutions and vocational skills Institutes.

3. We consider necessary to include in this draft, which certifications will be required to meet qualifications for energy audit professionals, installation and implementation of products in Puerto Rico. The WEP management must express this in a policy of openness and cooperation with APEV, non-profit corporations and cooperatives and let us participate auditing the results in inhibited carbon tonnage among other data generated by the program. PREPA, in 2007 reported about $78 million that consumers saved with an efficiency lighting program, solar thermal heating and Energy Star program.

The government of Puerto Rico will receive other ARRA grants as part of the State Energy Program (DOE) totaling approximately $37 million, of which the education necessary to lead this and other programs including proposed by APEV can be developed. APEV requires additional explanations about the WEP's administrative costs on this draft.

4. The proposed plan does not offer specifically how it will form the public policy committee and does not commit the participation of non-profit corporations or cooperatives of workers in the various stages of the WAP. We suggest a role of the Department of Consumer Affairs of Puerto Rico in the audit of the proposed weatherization program.

We offer our comments with the intention that they are accepted in its entirety as part of the DOE finally approval to the territory of Puerto Rico. Copies of this document are being provided to DOE and EPA respectively.

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Etiquetas: WAP

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Comentario de OFICINA VIRTUAL APEV el mayo 11, 2011 a las 12:18pm

DÁDIVA ELECTORERA Y GUISO DE CONTRATISTAS CON EL CHORRO QUE BAJA DE ARRA

Posted: 11/05/2011 by pesquisaboricua in Noticia
Tags: 

 

Por Carmen Enid Acevedo

El gobierno de Puerto Rico tiene asegurado un desembolso de $65 millones en fondos bajo la Ley de Reinversión y Recuperación (ARRA)  para atender el Programa de Asistencia para la Climatización (WAP, por sus siglas en inglés) en lo que parece ser la herramienta con el que se intenta llevar un electrodoméstico a las familias puertorriqueñas de bajos recursos económicos, una actividad típica de los partidos políticos de cara a las elecciones generales.

WAP, el programa del gobierno de Estados Unidos que promueve que en los hogares haya hasta un 30 porciento de ahorro en energía mediante la adquisición de electrodomésticos de bajo consumo, le ha generado en 16 meses unos $4.1 millones a CSA, la firma que administra los fondos ARRA por disposición de la actual administración de gobierno, según la contabilidad de WAP que se establece en la página www.recovery.org.

El programa WAP identifica las familias de bajos ingresos con necesidad de neveras, acondicionadores de aire y calentadores solares, entre otros. Según la descripción del programa tienen prioridad las familias con niños y niñas, envejecientes y personas con impedimentos.

WAP es  uno de los cerca de diez programas que se administran en la Isla bajo la ley de estímulo federal y est;a contenido en el pote de $6,400 millones que autorizó la administración del presidente Barack Obama para Puerto Rico, y que la administración del gobierno de Luis Fortuño, colocó su manejo y operación en manos de la mencionada firma privada de arquitectos e ingenieros.

En CSA trabajó en el pasado, el ingeniero, José Ortiz Vázquez, actual presidente de la Junta de la Administración para el Financiamiento e Infraestructura (AFI), entidad que a su vez le paga a los administradores privados pos el trabajo de operar los programas financiados con los fondos ARRA.  

Presidente de la Junta de AFI, José Ortiz Vázquez.

Ortiz Vázquez, también presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarilladlos (AAA), además mantiene a CSA bajo contrato con esa corporación pública.

AFI es una agencia propiamente organizada en el Estado Libre Asociado, desde 1988 y hoy cuenta con 23 empleados y un presupuesto de sobre $180 millones en el 2009. Desde el 2008, también es una agencia, la Administración de Asuntos Energéticos, entidad a la que se le asignaron los fondos de WAP y que tiene 16 empleados y unos $31.9 millones de presupuesto de los cuales $30 provienen del Estímulo Federal.

“AFI no funciona como entidad pública. Para todos los efectos la agencia es CSA. Los empleados de AFI fueron casi todos una vez empleados de CSA…”, dijo una fuente de entero crédito sobre la operación que se da entre la agencia pública y la firma de CSA que tiene sobre 200 empleados en la isla y una ganancia anual de $33.1 millones, según la información de negocios que publica en la Internet.

A pesar de que AFI es la agencia que reúne todos los fondos ARRA que reciben las agencias,  CSA es la entidad que los administra y en el caso del programa WAP, se establece que “implementa, administra y opera” el mismo. La firma tiene oficinas a todo lujo que ocupan el cuarto piso del edificio de las tiendas Marshalls en la avenida Ponce de León en Santurce.

Asimismo, un examen del Registro de la Oficina de la Contralora, da cuenta de que entre el 2008 y septiembre del 2011, CSA tiene unos $60 millones en contratos sólo con AFI, lo que compara con los que tiene asignado el programa WAP entre el 2009 y el 2012.

Entre el 2008 y el 2014, tiene contratos registrados de sobre $150 millones con agencias como la AAA, Autoridad de Energía Eléctrica (AEE),  Departamento de la Vivienda,  Autoridad de Carreteras,  Banco Gubernamental de Fomento  y unos tres municipios.

De las 143 transacciones de contrato que están registradas en la OC, entre el 2007 y el 2008, CSA tiene registrados unos 24 entre otras agencias gubernamentales y municipios.

En la firma, que tiene registrada una corporación de responsabilidad limitada desde el 2005 y otra entidad corporativa que no tiene información en la página electrónica del Departamento de Estado,  se asegura que se sentó como socio hasta hace poco más de un año, el suegro de Ortiz Vázquez, Carlos García.

Los vínculos de CSA con Ortiz Vázquez datan desde la época de la administración del ex gobernador, Pedro Rosselló, cuando este salió de allí a laborar en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), en donde se convirtió en un recaudador de fondos del Partido Nuevo Progresista (PNP), aseguran fuentes de Pesquisa Boricua. Más tarde, el ex director de la AAA, Jorge Rodríguez, lo llevó a laborar a la AAA donde incluso mantuvo posiciones gerenciales y de dirección con las administraciones de Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá.

OTROS QUE GUISAN CON ARRA Y EL FONDO GENERAL

CSA no es la única firma que se repite en la administración de programas financiados con la Ley ARRA y en el manejo de cuentas del gobierno de Puerto Rico. La firma de contadores públicos y autorizados, Torres Llompart y Sánchez Ruiz, es otra favorita entre agencias de gobierno que también guisa con los fondos del estímulo federal en materia de consultoría de asuntos financieros al programa WAP.

Sólo entre abril del 2010 y marzo del 2011, Torres Llompart ha participado como contratista en la administración del programa WAP por lo que ha facturado unos $215,672, según la www.recovery.org. La mayor facturación fue en los últimos tres meses del 2010 – octubre a diciembre – cuando facturó unos $85,547 por la consultoría al proyecto.

Torres Llompart también tiene contratos con agencias de gobierno que no son AFI. De las 85 transacciones que figuran en la OC, sólo 18 datan de antes del 2008. Según el registro, la firma, registrada el 27 de enero del 2006, sirve a agencias tales como el Departamento de la Famillia, Administración de Sistemas de Energía, Departamento de Recreación y Deportes, Administración para el Manejo de Desperdicios Sólidos y Policía de Puerto Rico. Tiene contratos de sobre $1.5 millones entre el 2009 y el 2012.

Otros contratistas del primer año del programa WAP son, Cocero y Cordero Arquitectos y en materia de suoplir equipo, Union Properties Management, Intercontinental Marketing Group, Multi Consulting Group, Integra Design Group, Dunamis Construction Corp, entre otros.

Comentario de OFICINA VIRTUAL APEV el diciembre 1, 2009 a las 6:11pm
Advertencia federal


01 de diciembre de 2009 05:00 am

Más vale prevenir, que tener que lamentar. Al parecer el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico se ha aplicado este viejo refrán de la cultura popular puertorriqueña con la puesta en marcha de un plan para monitorear el uso de los fondos federales destinados para reactivar la economía.
Puerto Rico ya comenzó a recibir parte de los $6 mil 600 millones que les fueron asignados en el Congreso con la aprobación del American Recovery Investment Act (ARRA), un proyecto que concretizó los planes del presidente estadounidense, Barck Obama para tratar de reactivar una economía en crisis. El gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño ha destacado en múltiples ocasiones, que los llamados fondos ARRA son uno de los pilares de su proyecto para el desarrollo económico de la Isla. Se anticipa que los fondos estarán dirigidos a la creación y retención de empleos mediante asignaciones a los municipios, a los individuos y a agencias gubernamentales. Ya se habla de modernización de escuelas, de infraestructura para servicios básicos y del desarrollo de nuevas obras de construcción.

Según expresiones del director del FBI en la Isla, Luis Fratichelli, existe el temor fundado en su agencia de que parte de este dinero pueda ser mal utilizado por individuos inescrupulosos. Ese temor expresado por el funcionario federal se basa en experiencias pasadas en la Isla con fondos federales como por ejemplo los que asigna la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias cuando ocurren desastres naturales. Ya hemos visto a alcaldes encarcelados por el desvío de estos fondos para lucro personal y político. También son varios los nombres de figuras públicas que provienen de la Rama Ejecutiva, Legislativa y de las esferas del poder político que terminaron tras las rejas por convicciones federales relacionadas al mal manejo de fondos públicos.

Es lamentable que el récord nos imponga la suspicacia de que hay altas probabilidades de corrupción. Sin embargo, la prevención siempre es un principio de sana administración pública. Además, se ha dicho que el protocolo que se establecerá en Puerto Rico no es exclusivo, sino que existirá en otras jurisdicciones estadounidenses. Confiemos en que Puerto Rico aprovechará al máximo este programa federal para reactivar nuestra economía que lleva una década a la baja y necesita urgentemente un repunte por el bien del País y la seguridad de nuestras futuras generaciones.
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